Las explosiones del 22 de abril de 1992 no sólo dejaron pérdidas humanas y daños materiales para cientos de familias tapatías, también revelaron la indolencia e insensibilidad de las autoridades.
“Fue no solamente el haber sufrido la explosión, sino que luego el estar siendo vapuleados y humillados y ninguneados por el sistema de ese tiempo”, narra la maestra Guadalupe Gómez Partida, integrante del Movimiento Civil de Damnificados (MCD).
La agrupación vecinal surgió con el objetivo de exigir el esclarecimiento de los hechos, como saber quiénes fueron los responsables, así como una indemnización justa.
Fue su hermano Miguel Ángel, fontanero y estudiante de derecho, quien tomó la iniciativa, a días de las explosiones, de crear un censo de afectados. Ella se unió.
Poco a poco se fueron organizando mejor para realizar ruedas de prensa mensuales e informar a la población su situación del momento, también gestionaban apoyos para los vecinos, como despensas auspiciadas por Càritas.
“Nos tocó estar en el movimiento más aguerrido de ese momento. Fuimos los más golpeados, etiquetados como los ‘revoltosos’. Los ‘malos damnificados’, nos decían, porque éramos los combativos y los que buscábamos un beneficio común”.
Guadalupe comparte que lograron una organización efectiva entre los vecinos, con un representante, “cuadra por cuadra”.
Pero cuando el Estado se enteró, empezó a infiltrar a personas ajenas.
“Empezaron a meter a sus propios representantes de cuadra, con todo el aparato gubernamental y con el billete, y todo. Nos empezaron a cortar las cuadritas, pero el movimiento siguió”.
La represión
El 1 de junio de 1992, el MCD instaló un plantón en Plaza de Armas para exigir al gobierno que les dotará de una vivienda provisional a quienes habían perdido la suya en las explosiones, y se comprometieran a la reconstrucción de las partes afectadas.
Sin embargo, los manifestantes fueron desalojados de manera violenta por elementos de la Policía Estatal, como documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación 57/1994, enviada al entonces gobernador Carlos Rivera Aceves.
“Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de manera violenta los desalojaron, golpeando a hombres, mujeres y niños, destruyendo tiendas de campaña y un automóvil, robando pertenencias y dinero de los damnificados”.
Ese suceso violento, perpetrado de madrugada, recuerda Guadalupe, asustó a los vecinos y a los “intelectuales” que se habían acercado a ofrecer su apoyo, por lo que el movimiento se fue difuminando “un poquito”.
A 30 años de las explosiones, ella duda que se haga justicia, aunque no se desanima en creer que algún día un gobernante con voluntad política destapará la verdad de lo ocurrido el 22 de abril de 1992 en el Sector Reforma de Guadalajara.
Porque, reflexiona, además de los fallecidos, lesionados y damnificados, el barrio de Analco y las colonias aledañas no volvieron a ser las mismas, cambiaron de un momento a otro.
“Todas esas vidas arrebatadas, y no hablo solo de los que murieron, a la gente que la desencajaron de su barrio y la lanzaron a sabe dónde, es como arrebatarles su identidad, sacarte a la fuerza. Luego encima te victimizan, porque te siguen vapuleando”.
Fotografías: Pablo Miranda Ramírez/Jonathan Bañuelos
