Sentada en la sala de su casa, en la colonia Atlas, Lilia Ruiz Chávez narra la historia que quizá ha contado más veces en los últimos 30 años de su vida. El capítulo que cambió por completo todo.
La sabe casi de memoria. Como un rompecabezas armado una y otra vez, pero incompleto, con una pieza faltante que en su narración es oscura y silenciosa, borrosa.
Ahonda en los detalles: en las vacaciones familiares en su tierra natal, Tlalpujahua, Michoacán; en lo que le dijo a su esposo ese día por la mañana.
En cómo sus dos hijos menores la vieron despedirse, “hincaditos” desde el sillón pegado al ventanal de su sala, cuando ella salió al tianguis. Sus hijos mayores se fueron con su papá a trabajar.
“Se quedaron muy contentos con los juguetes que les habíamos comprado en el viaje, les dije ‘si se quedan a ver qué les traigo, porque en el camión ¿cómo me los llevo? y luego si compro algo ¿pues cómo?’”.
El carro de Lilia, un Datsun, estaba en reparación.
La pieza del rompecabezas que falta en su relato es justo el instante que dio un giro radical a su vida y la de su familia.
El momento que iba en la Ruta 333 del transporte público y de pronto todo se desvaneció. Perdió el sentido de sí misma.
Fue en el cruce de las calles Río Lagos y Río Pánuco donde le tocaron las explosiones del 22 de abril de 1992, suceso que marcó al Sector Reforma de Guadalajara y a toda la ciudad.
“No sé ni siquiera de qué forma habré salido expulsada, o cómo. Nada, nada, nada. Perdí el conocimiento yo creo desde el impacto, porque no recuerdo ni siquiera un ruido”.
“Recuperé el conocimiento hasta que me estaban rescatando, estaba yo debajo de algo muy, pero muy pesado, creo que debieron haber sido pedazos de pavimento”.
Entre el caos y el griterío que se producía bajo una densa nube de polvo, su familia la buscó.
Acudió a todos los hospitales posibles para ver en las listas de nombres de lesionados si aparecía el de Lilia, hasta que dieron con ella en la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tres días después la trasladaron al Hospital General de Occidente, el de Zoquipan, donde continuó con su recuperación.
Posteriormente se convirtió en el nosocomio que les daría atención y brindaría medicamentos, con sus asegunes, ya como sobrevivientes.
“Por eso yo estoy con ese hospital entre amor y odio, porque me salvaron la vida, pero me cortaron la pierna, y me faltan mis medicamentos. Es un encuentro de sentimientos”.
Resiliencia
A Lilia le gustaba salir a correr todas las mañanas al Parque González Gallo antes de llevar a sus hijos más pequeños a la escuela e irse ella a trabajar a una maderería, un negocio familiar, donde por las tardes se reunía toda la familia a comer.
Cuando regresaban a casa les ayudaba a sus hijos con la tarea y los llevaba a algún taller cultural o actividad deportiva.
Ella también solía inscribirse a cursos de artesanías o cocina, era muy activa, tenía 39 años de edad.
“Pasaron años, años, no recuerdo cuánto tiempo pero pasaron años en que mi primer impulso al despertar era querer ponerme mi pans para irme a correr y pues mi triste realidad era que ya no podía. No lo haré jamás. Esa fue una de las cosas más dolorosas que me pasaron”.
Derivado de las lesiones provocadas por las explosiones, Lilia se ha sometido a 22 cirugías.
Tiene dañadas las lumbares tres, cuatro y cinco; una hernia en las cervicales; padece de falta de circulación; y tiene tapada la artería izquierda del corazón.
Hace poco le notificaron que tiene que usar un marcapasos.
“Debo de tomar muchos medicamentos para el dolor, porque además padezco una neuralgia del trigémino que no me paraliza”
“Pero el dolor no es un dolor fuerte como tal, sino has de cuenta, exactamente igual a lo que es una descarga eléctrica, es espantoso”.
Y explica con su mano derecha cómo el dolor se distribuye por toda su cara.
En colectivo
Lo que inició como un grupo de lesionados que se reunía a compartir testimonios y acompañarse en el camino sinuoso de la burocracia que les proveería de algún apoyo, se convirtió un año después de las explosiones en la asociación civil 22 de Abril en Guadalajara, liderada por Lilia.
“Ayudar a mis compañeros me ayudó a mí misma, tratar de ayudar a los que yo sentía que habían sido más dañados, pues me ayudó a estar muy ocupada”.
La meta inicial fue conseguir una pensión vitalicia y atención médica integral para las víctimas sobrevivientes y sus familiares.
Pero a lo largo de 30 años han enfrentado trabas políticas de los gobernantes en turno, quienes no les garantizan un trato digno y respeto a sus derechos humanos.
“Nos siguen regateando la atención médica, como que muchos le apuestan a que con el paso del tiempo nos vamos a morir y el problema se va a terminar. Lo ven como si el caso ya hubiera prescrito”.
La asociación civil inició con 94 integrantes, y de acuerdo con Lilia sólo quedan vivos 69, y algunos van presentando dificultades físicas o mentales para desplazarse a las reuniones o manifestaciones.
Ella, confiesa, ya se siente cansada, pero seguirá alzando la voz hasta conseguir sus objetivos.
“Los tres niveles de gobierno nos fallaron y nos siguen fallando hasta la fecha. Ha sido un batallar constante, desgastante, cansado y doloroso el que hemos venido llevando durante todos estos años”.
Por la justicia
El 22 de abril de 1992 es un caso emblemático por el entramado de negligencia, corrupción e incapacidad del gobierno en México, pero al mismo tiempo de organización comunitaria.
Así lo afirma el activista Jorge Verástegui González, coordinador editorial del libro Abril en la memoria: 30 años.
“Es un ejemplo del esfuerzo que hace la sociedad civil de salir de una tragedia de las dimensiones como lo fue Analco”.
A 30 años de esos sucesos se mantiene la exigencia de las víctimas para que sean tratados con dignidad y para acceder a la justicia y verdad.
En un pronunciamiento publicado por la conmemoración de estos sucesos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco reconoce que las autoridades siguen quedando a deber con las víctimas, pese a la Recomendación 16/2000 y el Informe Especial de 2020.
“No se ha cumplido con la reparación integral de los daños bajo los estándares del derecho internacional ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos, como fue esta tragedia que llenó de luto y dolor a cientos de familias que, a 30 años, continúan sufriendo ante la insuficiencia de acciones por parte de los gobiernos”.
En el documento, la defensoría recuerda que previo a los hechos, vecinos del Sector Reforma habían alertado sobre humo y olor a combustible que provenían de las alcantarillas, “pero los indicios fueron obviados por las autoridades públicas”.
Según cifras oficiales las explosiones provocaron 212 personas fallecidas, 69 desaparecidas y mil 800 lesionadas.
Así como mil 142 viviendas afectadas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos.
“(Además de) llevar cada uno el dolor en el cuerpo hemos tenido que cargar con la falta de justicia, el desapego de las autoridades para cumplir cabalmente con nosotros, e incluso violentando nuestros ya violentados derechos humanos”, afirma Lilia.
Fotografías: Jonathan Bañuelos/Gobierno de Jalisco/CEDHJ
